jueves, 28 de mayo de 2015

Anarquía: el orden por las asociaciones de la voluntariedad



Todo manual de anarquismo comienza con el desglose de la palabra “anarquía”: «del griego an-arché, que significa ausencia de gobierno». Ciertamente es así, mas también es cierto que esta definición no dice mucho, dado que la palabra, por sí sola, es lo suficientemente rica como para comprender más aún la “anarquía”.
Palabra de origen griego, el prefijo “an” niega a su raíz. La raíz es “arché”, vocablo que tiene variados matices, dado que puede traducirse como origencomienzoextremopuntafundamento,principiomandopoderautoridad. Su uso plural, incluso, puede definirse como potencias celestiales.
Desde esta perspectiva, la “anarquía” no niega, simplemente, la autoridad, sino la idea de qué ésta se sitúe como el origen de toda relación social, como su fundamento, que va de extremo a extremo en la sociedad. Para quienes hayan estudiado filosofía en el colegio, recordarán que los primeros filósofos, llamados “filósofos de la naturaleza”, discutían en torno al “arché” como concepto referido al origen del cosmos y elemento que permite su existencia y orden. Luego, en clases de historia, nos enseñaron la aplicación de la misma palabra, pero en otro ámbito: el arconte, es decir, el jefe de la polis griega, el magistrado, el «àrchon ontos», quien sería “el que sostiene el orden”.
El pensamiento anarquista, que podríamos interpretar como el ideario de la anarquía, pone en duda el supuesto de que la sustancia que compone una sociedad sea la jerarquía, instalando la solidaridad como materia que fluye a través de las relaciones sociales. Gustav Landauer, desde el sur de Alemania y hace ya un siglo atrás, definió al Estado como una forma de relación social, un status de la sociedad. Es algo que va mucho más allá de su presencia física o de su entramado como institución burocrática. Es un concepto instalado en los individuos que se expresa en el sencillo hecho de que la autoridad debe mediar todo proyecto o relación social. Leyes, patentes, permisos y normas de las cuales nadie puede escapar y cuya formulación y aplicación se realiza desde una esfera separada de la sociedad: la política.
Este concepto se proyecta en el estado de servidumbre que se reproduce en nuestras sociedades; estado que, además, entrega las condiciones necesarias para el desarrollo económico de grandes grupos que, gracias a la adquisición de propiedades y el manejo de recursos humanos (que es un modo de referirse a las personas como bienes económicos), acumulan riquezas, una de las formas más absurdas del poder. Esto, justamente, porque el correlato de la servidumbre es la costumbre, forma de inercia que se apropia del concepto de obediencia como si fuera un hecho natural e inevitable.
La sociedad, separada de la política y subyugada a sus necesidades económicas, es puesta en duda desde la anarquía. Ante la constatación de una deteriorada condición humana, es que las ideas anarquistas han dado vueltas una y otra vez buscando el modo de pensar y realizar otro orden. Por eso sus ideas refieren a un método antes que a un cuerpo ideológico cerrado: que la sociedad no esté separada de la política; que la economía se crezca junto al pueblo que trabaja; que la educación desarrolle el sentido de responsabilidad individual. Es absurdo aspirar a una sociedad habitada por anarquistas, mas no lo es una sociedad que funcione de modo anárquico. Si retomamos la etimología de “anarquía”, la raíz que niega, el “arché”, no se traduce, en ningún caso, como orden. La anarquía no es des-orden. Para referirse al orden existen otras palabras en griego, como “kósmos” o “armonía”. Ya hubo pensadores anarquistas como Élisée Reclus que se definían como armonicistas, señalando que la anarquía es pensar el orden de otro modo, incluso como su “más alta expresión”.
De un tiempo a esta parte, se ha conocido más detalladamente el modo en que aconteció el extraño acontecimiento de la autoridad. Todavía es un misterio, ciertamente. Sin embargo, nuestra América o diversas regiones asiáticas, según el saber que nos han legado antropólogos, demuestran que no todas las sociedades evolucionaron hacia la constitución de un Estado. Esto, en otras palabras, significa que lo que hemos conocido como autoridad es, más bien, un accidente antes que una condición necesaria para la sociedad. Según esto, es posible pensar un orden, una cierta armonía, donde la condición humana no se deteriore física y moralmente, sino que se expanda y desarrolle conforme lo hacen todos los seres animados y no animados.
Otrora un compañero definió a la anarquía como “el orden por las asociaciones de la voluntariedad”. Asociación y voluntad, fuerzas que construirían otro orden. Sin embargo, no podemos negar que éste es el gran problema: la voluntad, aquel impulso soberano que nos separe de la servidumbre y nos disponga a asociarnos libremente con otros individuos, grupos y lugares. Luchar por ello es un riesgo. El primer obstáculo es el miedo a la libertad, utopía que suele imaginarse en el campo de lo imposible. Pero, ni la razonamiento más acabado ni el estudio sociológico más elaborado podrían negarnos el intento de proyectar una vida libre: nadie puede desechar la posibilidad de la libertad si es que nunca ha vivido dicha experiencia.
La naturaleza humana es la cultura. El orden, nuestra disposición social, es una construcción cultural. Si volvemos al “arché”, concepto aplicado originalmente a la naturaleza, no puede ser inmanente e imperecedero. Muta como toda la naturaleza muta. La anarquía, que dicen que existió al comienzo de los tiempos, tampoco sería un estadio final. Sería un tránsito más. La diferencia es que no estancaría a nadie y el desarrollo de la vida humana podría crecer hasta las infinitas y huidizas fronteras de la libertad… ¿Cómo serán los días después de la anarquía?

 Ulises Verbenas



sábado, 23 de mayo de 2015

Anarquismo español y educación



"El anarquismo español dedicó siempre una atención especial a la educación dentro de su estrategia revolucionaria. Baste con recordar el conjunto de resoluciones sobre enseñanza aprobadas por la C.N.T. en sus congresos de 1910, 1919, 1931 y 1936”.
Mi intención en este trabajo es traer a la memoria un tema viejo, pero del que aún pueden extraerse grandes enseñanzas para los tiempos que ahora corren. Me refiero a las colectivizaciones libertarias, posiblemente la experiencia de autogestión obrera total más importante en todo el mundo desde la revolución industrial, experiencia que, entre otras cosas, puso en práctica una educación bien diferente de la tradicional, tanto en sus fines como en su filosofía subyacente y en sus prácticas cotidianas.
Si los ilustrados levantaran la cabeza, se volverían rápidamente a sus tumbas. Ellos creían que si se generalizaba la educación en una sociedad, esa sociedad se haría mejor, resolvería adecuadamente sus conflictos y hasta desaparecería la violencia. Pues bien, prácticamente toda la población europea recibe educación escolar hasta los 15 ó 16 años, y millones de ellos siguen estudiando hasta los 20 y los 25 años. Y sin embargo, no se han cumplido en absoluto sus optimistas previsiones. Y es que ellos olvidaron algo esencial: no toda la educación libera. Lo esencial no es la cantidad de educación sino el tipo de educación. Hay una educación que libera y que fomenta el espíritu crítico y hay otra educación que constriñe aún más la mente humana y que empobrece el pensamiento crítico. Así, el capitalismo europeo ha fomentado la educación escolar, pero ha sido una educación cuya finalidad básica es, por una parte, preparar trabajadores eficaces y disciplinados, y por otra, construir ciudadanos dóciles y obedientes. Y por eso ha habido siempre tanta oposición a la implementación escolar de una educación libertaria, hasta el punto de que se llegó incluso a fusilar a Francisco Ferrer.

La Escuela Moderna
Pues bien, lo que pretendieron los colectivistas libertarios fue construir una sociedad igualitaria, cooperativa y solidaria, pero siempre apoyándose en la educación. Porque, según ellos, la transformación social sólo podría provenir de un cambio radical de mentalidad de la mayoría de la ciudadanía, por lo que la educación, tanto la formal como la no formal, inevitablemente se tenía que convertir en el elemento básico y fundamental del proyecto anarquista.
Como es sabido, a la rebelión militar del 17 de julio de 1936 respondió la C.N.T. con la revolución social, que era la consecuencia de varias décadas de educación libertaria obrera. En efecto, quienes levantaron las colectivizaciones habían ido a las escuelas libertarias y habían recibido una educación inspirada en la Escuela Moderna de Ferrer. Desde varias generaciones atrás, los anarquistas españoles, especialmente en Barcelona, habían puesto el acento en la educación. Por tanto, aunque fue un fenómeno espontáneo y totalmente imprevisible, las colectivizaciones no hubieran sido posibles sin el poso que durante varias décadas fue dejando la educación libertaria en miles de trabajadores y sin su convicción de que la transformación radical de la sociedad sólo puede conseguirse a través de la educación y de la cultura. No olvidemos que, como escribe Alejandro Tiana, “ante todo, es preciso señalar que el anarquismo español dedicó siempre una atención especial a la educación dentro de su estrategia revolucionaria. Baste con recordar el conjunto de resoluciones sobre enseñanza aprobadas por la C.N.T. en sus congresos de 1910, 1919, 1931 y 1936”. Fue, en definitiva, el tipo de educación libre, cooperativa, solidaria y crítica que habían recibido miles de obreros anarquistas lo que provocó que, al darse las circunstancias propicias, surgieran espontáneamente las colectivizaciones libertarias.
La mayor parte del movimiento libertario español tenía puestas todas sus esperanzas en la cultura y en la educación como auténtico motor del cambio social. De hecho, como escribía hace unos años Álvarez Junco, “entre los anarquistas, el planteamiento es, en principio, tajante: cada militante debe realizar una ‘revolución interior’, fundamentalmente intelectual, antes de poder aspirar legítimamente a transformar la sociedad..., y sólo cuando, gracias a la cultura, se haya creado un número considerable de seres ‘conscientes’ de sus derechos y liberados personalmente del militarismo, la religión, los vicios y la ignorancia de la sociedad actual, será positiva una acción revolucionaria tendente a derribar las estructuras sociales y sustituirlas por otras en las que esos individuos transformados previamente puedan iniciar la práctica de la libertad”.

Maestros por curas
En resumidas cuentas, la preocupación por la educación y la cultura ocupó siempre un lugar central en el pensamiento político del anarquismo español, impregnando totalmente la ideología e incluso la forma de vivir de sus miembros, hasta el punto de que en cuanto podían abrían ateneos libertarios, escuelas libertarias y editaban infinidad de periódicos. Pero se trataba de una educación que tenía como objetivo último la transformación radical de la sociedad, para lo que promovía ante todo el pensamiento crítico, la libertad y los valores de igualdad y solidaridad entre todos los seres humanos. Y en cuanto tuvieron ocasión, los anarquistas españoles llevaron a la práctica sus ideales en el campo de la educación, tanto a  nivel cuantitativo (aumentaron mucho más aún el número de maestros, de forma que a menudo en un pueblo en el que había tres curas y un maestro, los anarquistas quitaron los tres curas y pusieron cinco maestros; implantaron la escolarización obligatoria hasta los 14 ó 15 años; por ejemplo, en Calanda se pasó de ocho a dieciocho maestros, aumentando el alumnado en un 25% con respecto al curso 1935-1936. ¡Y todo ello en plena guerra! Y teniendo en su contra no sólo a los militares rebeldes, sino incluso al gobierno de la República y a toda Europa.
Pero la empresa educativa de las colectivizaciones no se circunscribió sólo a la educación primaria ni siquiera sólo a la educación formal, sino que también se ocuparon de abrir bibliotecas en todos los pueblos colectivizados, fomentar conferencias y charlas culturales así como la educación de adultos o la implementación de cursos y centros de formación profesional. También adquirieron un cierto auge las escuelas de párvulos y guarderías infantiles, dada la necesidad de atender a los niños y niñas pequeños a causa de la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa para suplir la falta de brazos. Por otra parte, el arte y la cultura general fueron también objeto de diversas iniciativas, con objeto de procurar un ambiente rico y estimulante para el desarrollo integral de la población colectivista (apertura de Ateneos, veladas culturales…).
Finalmente, no deberíamos olvidar algo tan central en la concepción anarquista de la cultura como es la educación no formal que englobaba una muy variada serie de actividades como la educación artística, la divulgación científica y cultural, el desarrollo de una nueva estética, el debate sobre temas de actualidad, la edición de obras literarias o científicas, etc., y que fueron llevadas a cabo principalmente por los propios sindicatos de la C.N.T., por las Juventudes Libertarias, por el colectivo feminista Mujeres Libres y por los Ateneos Libertarios, y siempre bajo la concepción de la cultura y la educación como instrumento de liberación de la clase trabajadora.
Y ésa fue siempre –y lo sigue siendo- uno de los principales objetivos de los anarquistas: propagar una educación realmente libre, cooperativa y solidaria que pueda transformar radicalmente la sociedad, frente a la escuela oficial que lo que pretende es justamente lo contrario, es decir, reproducir tanto las diferencias sociales como la misma sociedad actual desigual e injusta. Y ello sería de gran interés hoy día frente al proyecto opuesto que con tanto éxito el neoliberalismo está implementando en todo el planeta.

* Anastasio Ovejero Bernal, es catedrático de Psicología Social por la Universidad de Valladolid.


lunes, 18 de mayo de 2015

NI DIOS, NI AMO, NI PATRON Juan March, asesino sin escrúpulos, estos son los enemigos reales


                        Juan March, en 1962 / Foto: Archivo ABC.

Juan March, de crímenes y fundaciones

En octubre de 1980, el periódico El País dedicaba su editorial al veinticinco aniversario de la Fundación Juan March. Todo agradecimiento. “Esta fundación —escribe El País—, que ahora vuelve la vista atrás, hace balance y puede enaltecerse de la densidad y calidad del trabajo realizado, que con toda seguridad hará pervivir el nombre de su fundador más allá de cualquier leyenda, de cualquier mito o polémica”. Era El País de 1980, parece el de hoy, tal vez fue sencillamente el de siempre; bueno, eso dará para otro escrito.
Vayamos con el tema de este texto, Juan March Ordinas, el español más rico del siglo veinte, financiero del fallido golpe de Estado de 1936 que derivó en la Guerra Civil, fundador del único banco familiar que queda hoy en España, y de la más famosa fundación del país.

¿Estaba en lo cierto y lo justo el viejo editorial de El País cuando expresaba que el nombre de Juan March perviviría gracias a su mecenazgo cultural, más allá de cualquier leyenda o polémica? A juzgar por el prestigio actual de la fundación que lleva el nombre del mallorquín, parece que así está sucediendo. Y es una de las realidades más cruentas del estado de putrefacción jurídica, política, económica, pero sobre todo, moral, que ha alcanzado el sistema en España.
La historia de Juan March, desde los primeros años del siglo veinte —cuando comenzara a edificar su imperio desde Mallorca—, durante el resto de siglo hasta su muerte en 1962 —octogenario—, y continuando póstumamente a través de la Fundación Juan March, constituye uno de los paradigmas del crimen de lesa humanidad y la obscena venalidad que han definido la Historia del último siglo en España.
Controvertido, polémico, misterioso. Tales son los adjetivos que suelen utilizarse para hablar de Juan March. La presentación de una ínfima parte de su currículo valdría para que cualquier persona estuviese de acuerdo en utilizar otros términos para definir al personaje. Deleznable, infame, criminal. Tales serían los adjetivos que más acertadamente merecerían sus logros.
En 1906, los beneficios del contrabando y la especulación le permiten adquirir su primera fábrica de tabaco en Argelia.
Hijo de una familia de importantes tratantes de ganado y comerciantes de productos agrícolas del norte de Mallorca, el joven March, recién entrado el siglo y él en la veintena, comenzó a construir su fortuna sobre el contrabando de bienes básicos con la península y comprando los terrenos de los terratenientes isleños venidos a menos, que parcelaba y vendía a los campesinos, a quienes también facilitaba los créditos —de intereses abusivos, como se esperará— necesarios para pagar los terrenos.
En 1906, los beneficios del contrabando y la especulación le permiten adquirir su primera fábrica de tabaco en Argelia. Se asocia con una de las familias más ricas de Mallorca, los Garau, para subir un nivel en el negocio del contrabando, que ampliará su abanico y su volumen: maquinaria, fertilizantes, armas, tabaco, alcohol, cocaína. En 1909 ya contaba con el monopolio del tabaco en todo Marruecos.
Una década después de la primera compra de la fábrica de tabaco en Argel, funda la Compañía Transmediterránea, con la que se hace amo y señor de todo el negocio marítimo entre el norte de África y España. Es el momento de las inversiones en empresas estratégicas: navieras, eléctricas, mineras, petroleras. El poder económico, ya de gran capitalista, se vuelve, por tanto, definitivamente político. Tanto es así que España, neutral durante la Primera Guerra Mundial, se ve sumida en un conflicto diplomático por culpa del mallorquín. Juan March había puesto sus barcos y rutas al servicio de los ingleses, pero al mismo tiempo suministraba combustible a los submarinos alemanes cercanos a la Cabrera.
En 1921, España sufría el peor de los desastres militares de su Historia: el de Annual. Juan March hizo con ello el negocio redondo y uno de los más abominables que puedan recordarse en la Historia española.
Suele decirse que en la guerra y en el amor todo vale. Y así lo demostró Juan March con su doble juego entre las potencias en guerra, pero también mediante un suceso igual de truculento pero más mundano: el asesinato del amante de su mujer, precisamente el hijo de sus socios, los Garau. En 1916, el descubrimiento de una carta secreta de su esposa, Leonor Servera, a Rafael Garau, le desvela a March el romance entre ambos. Juan March era ya el potentado de la isla, que parecía la fortaleza inexpugnable del “último pirata del Mediterráneo” —como le definiría Francesc Cambó—, pero la noticia del asesinato de Rafael Garau en Valencia supondría la primera derrota de March. Jamás se pudo descubrir al asesino de Garau, pero la acusación popular sobre la mano del despechado magnate del tabaco le obligó a abandonar la isla.
Con todo, los peores crímenes de Juan March estaban por llegar. En 1921, España sufría el peor de los desastres militares de su Historia: el de Annual. La guerra en Marruecos terminaba con cerca de diez mil jóvenes españoles muertos tan solo en la última batalla. Juan March hizo con ello el negocio redondo y uno de los más abominables que puedan recordarse en la Historia española. El primer beneficio lo obtendría del gobierno español, que pagaba sus barcos de la Transmediterránea para trasladar tropas a África. El segundo beneficio lo obtenía, paralelamente, vendiendo armas a Abd el-Krim, al menos veinte mil fusiles Mauser que acabarían con la vida de los españoles llevados al campo de batalla africano. Y finalmente, de nuevo del gobierno español, con la repatriación de los cadáveres a la península.
Así las cosas, es elegido diputado por Mallorca en 1923. Al poco, se establece la dictadura de Primo de Rivera, con quien tiene unas iniciales desavenencias, que pronto superan, tanto que en 1927 le fue concedido el monopolio del tabaco en Ceuta y Melilla. Un año antes había fundado su propio banco, la Banca March. Todo estaba resuelto entre caballeros. Primo de Rivera le dedicaba estas palabras: “Indudablemente el nombre de don Juan March era de los más discutidos en España al advenir el Directorio, y aún tenía entonces asuntos pendientes con la Justicia, de los que salió absuelto libremente y con pronunciamientos favorables. A nadie ha cerrado el régimen el camino de la restitución de su buen nombre, y menos si, por alcanzar la digna aspiración de legarlo a sus hijos limpio de toda imputación, se impone sacrificios compensadores para el interés público de posibles daños inferidos anteriormente. Éste es el caso del señor March, con quien sólo ha podido proceder así y declararlo urbi et orbi un gobernante cuya austeridad como tal está por encima de toda insidia y sospecha y al que el juicio público ha concedido la virtud y la autoridad de purificar cuanto toca…”. La voluntad del dictador se cumplió a rajatabla, imperante hasta el día de hoy.
La mayor de todas sus operaciones financieras: el golpe de Estado y el derrocamiento del gobierno de España. Su papel como parte fundamental de apoyo económico para el levantamiento del 17 y 18 de julio ya no es negado, pero sí obviado.
Solo hubo un período de la vida de Juan March durante el que el dinero no lo pudo todo. Tras un año de gobierno republicano, en junio de 1932 fue detenido y encarcelado, por ser parte en el delito de la concesión ilegal del monopolio tabacalero en el Marruecos español. Su primer intento de salir de la cárcel tuvo que ver ya con uno de golpe de Estado, cuando llevaba dos meses entre rejas: el 10 de agosto, el general Sanjurjo se sublevaba en Sevilla con una parte del Ejército. El manifiesto del levantamiento lo había redactado Juan Pujol, agente de March. Sin embargo, el pronunciamiento fracasó, pasando a la Historia en tono de mofa como “la Sanjurjada”. Finalmente, diecisiete meses después de entrar en prisión, Juan March logró fugarse, por el único método que le había granjeado éxitos: el soborno. Compró a la guardia de noche de la cárcel de Alcalá de Henares y, el 2 de noviembre, se fugó sin problemas. Una semana después se encontraba en Marsella. Dos meses más tarde, con el beneplácito del recién instaurado gobierno de la CEDA, el reo prófugo recuperó su acta de diputado. En mayo estaba de nuevo en España, no sólo como un hombre libre, sino como un dirigente del país.
Previsor, desde luego, el mismo 16 de febrero de 1936, con el triunfo del Frente Popular, March se trasladó inmediatamente a Biarritz, al otro lado de la frontera francesa. Desde allí, prepararía la mayor de todas sus operaciones financieras: el golpe de Estado y el derrocamiento del gobierno de España. Su papel como parte fundamental de apoyo económico para el levantamiento del 17 y 18 de julio ya no es negado, pero sí obviado. Y sin embargo, sin el dinero de March, el golpe de Mola y Franco hubiera quedado, posiblemente, en otra “Sanjurjada”.
March era el hombre más rico de España, la cabeza de la oligarquía financiera interesada en deponer el proceso de cambio social que acababa de profundizarse con la victoria democrática del Frente Popular.
El más conocido de los hechos es el del facilitamiento del Drangon Rapid, el avión que utilizó Franco para trasladarse de Canarias a Marruecos. Juan March hizo llegar a través del director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, un cheque por valor de dos mil libras esterlinas a Londres, para pagar el alquiler del avión que Juan de la Cierva había recomendado utilizar. Una cantidad irrisoria en comparación con el desembolso que llevaría a cabo en los días y meses sucesivos. Los cálculos de diversas fuentes historiográficas sitúan la inversión de March cercana a los mil millones de pesetas —de la época—. Sus contactos y avales resultaron de importancia estratégica para sostener el levantamiento. De la empresa estadounidense Texaco consiguió que abasteciera de combustible a los sublevados, al mismo tiempo que dejaba de hacerlo para el gobierno de la República, abandonado a su suerte con la política internacional de “no intervención”. A finales de 1936, March había depositado cincuenta toneladas de lingotes de oro en el banco Kleinwort, y otros avales mayores en bancos italianos, que pusieron en marcha la ofensiva aérea sobre Mallorca. Cazas italianos asolarían su isla el 4 de septiembre de 1936.
La Banca March, nacida del capital acumulado con el contrabando y la especulación, manchada de la sangre de Annual, y afianzada sobre el negocio de la guerra y los centenares de miles de cadáveres que provocó la sublevación de Franco y la dictadura, es hoy la entidad más solvente de toda Europa.
Durante la posguerra, Juan March, por supuesto, recuperó la inversión del 36. La revista Time lo dibujó como “el hombre más misterioso del mundo”. Su fortuna se colocaba entre las diez más grandes del planeta. En 1955, a la manera de esas grandes fortunas mundiales, los Rockefeller, o los Rothschild, creaba su propia fundación de mecenazgo cultural. El último cometido, limpiar la sangre del nombre.
No deja de resultar llamativo, por lo desvergonzado, la presentación biográfica de su fundador que la Juan March hace en su página web: “Creador de un gran grupo empresarial y financiero, en 1926 estableció en Palma de Mallorca la que posteriormente se denominará Banca March. El 4 de noviembre de 1955 creó en Madrid la Fundación Juan March […]”. Nada entre 1926 y 1955. Treinta años borrados de un plumazo.
Lo que no resulta llamativo, sino obsceno, es la actividad de la fundación. Habrá quien considere que el aporte cultural, sin más, justifica el levantamiento del tupido velo. Pero es nauseabundo que quien fue pieza clave en el levantamiento fascista y la dictadura que dejaron cientos de miles de muertos y exiliados, utilice la memoria de sus propias víctimas para lavarse la imagen y seguir haciendo negocio. Es la misma abominación del caso de Annual. La Fundación Juan March ha organizado ciclos de conferencias en honor a la memoria de Federico García Lorca y de Miguel Hernández, así como numerosas exposiciones con obras de Picasso; por mencionar tan solo los casos más representativos de las figuras culturales que fueron asesinadas, encarceladas y/o exiliadas por el dinero de Juan March. La fundación es propietaria también de la biblioteca personal de Julio Cortázar, otro exiliado del fascismo en su país y que, a buen seguro, se revolvería en su tumba de conocer la propiedad actual de todos sus libros; su viuda, Aurora Bernárdez, según la versión oficial, decidió donar los casi cuatro mil libros del autor de Rayuela —muchos de ellos regalos firmados y dedicados por amigos como Alberti o Neruda para Julio— a la fundación del financiero español, una decisión incomprensible en su grado de abyección.
La Banca March, nacida del capital acumulado con el contrabando y la especulación, manchada de la sangre de Annual, y afianzada sobre el negocio de la guerra y los centenares de miles de cadáveres que provocó la sublevación de Franco y la dictadura, es hoy el único banco de propiedad familiar que queda en España, y la entidad más solvente de toda Europa. Especializada en grandes empresas y banca patrimonial, constituye el principal accionista de la compañía Corporación Financiera Alba, parte sustancial del accionariado de ACS, Acerinox, Indra, Bolsas y Mercados Españoles, o Clínica Baviera, como ejemplos de nombre conocido.
Mientras la cultura sirva para limpiar la sangre de las manos de los asesinos, no hay cultura que valga.
Este escrito comenzó hablando del editorial de El País de octubre de 1980, sobre el veinticinco aniversario de la Fundación Juan March. En las páginas del mismo diario, la primera referencia que puede encontrarse sobre la fundación está en palabras de Francisco Umbral, en un artículo de 1977, titulado Don Juan March. El periodista, con su habitual ambigüedad, escribió: “Mientras las finanzas bélicas de March van quedando en claro para los historiadores, en la Fundación March luce la pintura americana de vanguardia, se reparten becas, hablan —hablamos— los escritores e incluso los exiliados. La historia es así de distraída”. En una especie de queja amarga, de aparente autocrítica que termina por convertirse en justificación, continuaba Umbral: “El dinero es la atmósfera de nuestro tiempo y todos estamos dentro del dinero, respirando dinero, corrompidos de dinero. Mi libro más lírico, querido y secreto nació con una pequeña pensión de la Fundación March”.
Así es, el dinero asfixia la atmósfera de nuestro tiempo. Pero no todos estamos dentro de él. Muchos, de hecho, nunca jamás respiran su olor. El problema es que si la historia es distraída, gran parte de culpa la tienen sus malas influencias intelectuales, origen de tal distraimiento.
No es digno nada de lo que hace la Fundación Juan March. Mientras la cultura sirva para limpiar la sangre de las manos de los asesinos, no hay cultura que valga. Yo no piso la Fundación Juan March. Y espero que llegue más pronto que tarde el día en que todas las riquezas culturales que tiene secuestradas en sus instalaciones, que todo su patrimonio y capital le sea requisado sin compensación alguna, y restituido a quien a día de hoy solo puede ser ya su legítimo dueño: el pueblo.
Una última recomendación, señores intelectuales: no se dejen sobornar. No escriban con sangre. No dibujen con sangre. No mesen su meditabunda barbilla con sangre del pueblo en las manos. De lo contrario, no harán arte, no harán nada digno de ser llamado así.

viernes, 15 de mayo de 2015

Charla en CNT Tirso de Molina (Madrid) Temas Copel. (Coordinadora de presos españoles en lucha)




Cartel anunciando charla en CNT Tirso de Molina en Madrid día 13 de junio a las 18 horas. Temas Copel, Gandula y Peligrosidad Social, Memoria Histórica Amnistía y lo que surja o de tiempo.




CUANDO LOS OBREROS LUCHARON POR LA PAZ Centenario del Congreso por la Paz de Ferrol


Diagonal con motivo del centenario del Congreso por la Paz de Ferrol de 1915

Si algo distinguió al movimiento obrero internacional desde su nacimiento fue la lucha que mantuvo por la paz. Pero no una paz indiferente. Frente a las guerras que denunciaban de las distintas potencias del momento oponían la lucha de clases. O lo que en terminología anarquista llamaban la guerra social.
Esa posición casi unánime del movimiento obrero, con la peculiaridad de cada escuela, la vino a romper el estallido de la Primera Guerra Mundial. Frente a todo el pacifismo, antimilitarismo e internacionalismo proletario precedente, el movimiento obrero socialista explotó y muchos de los partidos socialistas votaron los créditos de guerra en sus países. Aun así el socialismo no fue un bloque. Pequeños grupos se opusieron a la guerra, teniendo a nivel internacional la figura de Jaurès como eje. En España lo representó Andrés Saborit, Núñez de Arenas, García Cortes y las Juventudes Socialistas de Ramón Lamoneda.
El anarquismo, por parte, fue más uniforme. Su oposición a la guerra fue más general a pesar de que hubo un pequeño grupo que dudó ante la misma. La posición firme de Malatesta contra la guerra fue eficiente y la amplia mayoría del anarquismo se decantó por ello. Las posiciones del histórico Kropotkin quedaron en minoría.
No es de extrañar pues que fuese por iniciativa anarquista la celebración de un congreso internacional por la paz.

El Congreso por la Paz de Ferrol

Algo que distinguió a España de otros países fue que una misma organización, la CNT, se opuso en bloque a la Guerra Mundial. El anarquismo español fue casi monolítico en este aspecto, a excepción de figuras concretas como Ricardo Mella, Federico Urales o Soledad Gustavo.
Esta oposición a la guerra hizo que el anarquismo español impulsase la celebración de un congreso por la paz que tuvo como sede la ciudad de Ferrol. A pesar de que desde inicios de 1915 la prensa anarquista comenzó una fuerte campaña contra la guerra, fue por iniciativa del Ateneo Sindicalista de Ferrol que se comenzó a organizar el congreso, estructurado en tres puntos:
1. Medios rápidos para acabar con la guerra europea.
2. Orientaciones futuras para evitar crímenes de lesa humanidad.
3. Desarme de los ejércitos.
El congreso quedó convocado para los días 29 de abril y 1 y 2 de mayo de 1915. Su secretario sería José López Beunza. Y a él acudirían las figuras más importantes del anarquismo español del momento: Mauro Bajatierra, Ángel Pestaña, Francisco Miranda, Antonio Loredo, etc. Estaba convocado a dicho congreso todas las corrientes obreristas y de distintos países. Los convocantes eran conscientes de la dificultad del congreso. Muchos delegados no podrían acudir al mismo por la situación de guerra generado. Y otros no estaban de acuerdo con el modelo de organización del mismo. En este caso se situaron los socialistas, ya que siguiendo los postulados aliadófilos de Pablo Iglesias, no apoyaron el Congreso de Ferrol.
Igualmente los convocantes encontraron otro escollo. El gobierno de Eduardo Dato prohibió la celebración del congreso argumentado que se preparaba una reunión internacional de anarquistas.
A pesar de todos estos inconvenientes el congreso inició sus sesiones con delegados españoles, portugueses y una indirecta de franceses. En la primera sesión se debatió el nombramiento de un comité permanente del Congreso por la Paz, que tuviese cinco miembros y que tuviera como objetivo introducir la propaganda antibélica en las propias trincheras. La sede del comité estaría en Lisboa. En esa sesión se marcó también la impronta del antiparlamentarismo, criticando la actitud del gobierno español contra el congreso y de los socialistas por no apoyarlo.
La siguiente sesión no contó con la presencia de los delegados portugueses que fueron expulsados de España por orden gubernativa. La protesta de los delegados españoles no se hizo esperar, pero el congreso se reanudó con solo presencia española. Incluso se valoró la posibilidad de convocar una huelga general en señal de protesta pero fue rechaza la idea por iniciativa de Mauro Bajatierra y Francisco Miranda.
Dada esta situación los temas del congreso variaron y comenzaron a debatir sobre la reorganización de la CNT que hacía unos meses que había salido de la clandestinidad. Contra la guerra se vio prioritario el reforzamiento de la CNT y del periódico Solidaridad Obrera. Aquí ya se sentaron las bases de los que sería los acuerdos del Congreso de Sans de 1918 y del Congreso de la Comedia de 1919.
Fue la última sesión que se celebró en el congreso. Cuando estaba a punto de finalizar aparecieron delegaciones de Gijón y de Cuba que fueron puestas al día de lo debatido.
A pesar de lo difícil de la situación la impronta de este congreso se dejó sentir. Su iniciativa y sus acuerdos fueron la base del anarquismo internacional contra la guerra. Y también significó el definitivo afianzamiento de la CNT en el seno del movimiento obrero español.


jueves, 14 de mayo de 2015

Las cárceles en el estado español, son mazmorras de exterminio



Belén Vázquez Campillo, abandonada a la muerte en la "prisión de la esperanza"



El de Belén Vázquez Campillo es un caso extremo dentro de la situación de abandono sanitario en que se encuentran al menos 14.000 personas enfermas de hepatitis C presas en las cárceles españolas. Ella está cumpliendo condena precisamente en la UTE de Villabona, llamada “la cárcel de la esperanza” en la demagogia correccionalista esgrimida en tiempos de Zapatero por la “izquierda” de la partitocracia española, quizá para distinguirse superficialmente de la fracción derecha, con la que se ha alternado en el gobierno durante tantos años, compartiendo, además del negocio del poder, una política criminal y penitenciaria basada en el “populismo punitivo”, en el desarrollo de una “industria del control del delito” y en la exclusión material y formal de la condición de persona y neutralización física de pobres, migrantes, rebeldes y “enemigos”. Sin abandonar nunca esa estrategia de dominación, el partido del GAL y del FIES fomentó durante su anterior mandato “experiencias” como las “unidades terapeúticas y educativas” y los “módulos de respeto” donde se pretende implementar y justificar para el Estado y sus carceleros un “poder terapeútico” que atenta contra la dignidad de las personas sometidas a la “relación de sujección especial” penitenciaria en tanta o mayor medida que otras “experiencias”, como el Régimen Especial de castigo o los FIES, de las que no es más que la otra cara de una misma moneda. Belén es ex toxicómana, portadora de anticuerpos del VIH, con las defensas extremadamente bajas; sufre un papiloma de kilo medio; está enferma de hepatitis C y de cirrosis muy avanzada. Después de salir dos veces en coma hepático al hospital de la calle y cuando estaba siendo preparada para la administración del “sovaldi”, único tratamiento que podría salvarle la vida, prescrito por los médicos de la seguridad social, se encuentra con que la administración autonómica asturiana se niega a sufragarlo, por corresponder legalmente el gasto a la administración carcelera, que no dice “esta boca es mía”, quedando Belén en peligro de muerte, sin tratamiento y sin ninguna perspectiva de poderlo recibir.
Según los últimos datos oficiales, recogidos en el Informe de Prevalencias de las infecciones de VIH y hepatitis C en Instituciones Penitenciarias de 2013, en aquel año, el 21,3% de los presos españoles, unas 14.000 personas, tenían el virus, y además, uno de cada tres infectados por VHC también lo estaba por el VIH. Ocho personas presas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior a pesar de que la población reclusa había disminuido. Y la secretaría general de prisiones admitía que de todos los reclusos que han dado positivo por hepatitis C, sólo están tratando al 2,8%, es decir, a 209 internos. El gasto en tratamientos de hepatitis C ha bajado un 26,04%, entre 2013 y 2012 y un 48% desde 2006. Y cómo iba a ser de otra manera cuando la autoridad carcelera ha estado restringiendo esos gastos a base de prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescriban, ya no los fármacos de última generación, con una eficacia aproximada de un 90%, sino los que en la calle estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos eficaces que aquéllos, un 75 %; no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y una eficacia aproximada de un 50%, o someterse a larguísimas listas de espera que les permitan entrar en los “cupos” establecidos con criterios de ahorro presupuestario por quienes tienen encomendado legalmente velar por sus “derechos” a la vida y a la salud. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de gastos es que, sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se han centralizado en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con unos 370 metros cuadrados y muy pocas plazas, para un tratamiento que dura 48 semanas. Pero, cuando llegan allí, después de años de espera, el problema sigue siendo el mismo. Las administraciones no se ponen de acuerdo sobre cuál de ellas debe pagar el tratamiento, y al final, como siempre, los perjudicados son los pacientes. Además, por orden de las altas instancias de la administración carcelera, quedaban excluidas del tratamiento las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación de los criterios al respecto de la Agencia Española del Medicamento que afirman, en realidad, que la coinfección aumenta la urgencia del tratamiento.
En la calle, hasta hace muy poco, se estaban negando a los enfermos, por su elevado precio, que la multinacional farmaceútica “Gilead” se resistía a negociar, los últimos y más eficaces tratamientos. Se les estaban administrando los anteriores, todavía demasiado caros para que el sistema nacional de salud o el ministerio del interior estuvieran dispuestos a proporcionárselos a las personas presas. La escandalosa situación de discriminación y vulneración de los “derechos fundamentales” de la personas presas, precisamente por quienes tienen encomendada legalmente su “tutela”, fue denunciada en su día, por ejemplo, por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o por representantes de laSociedad Española de Sanidad Penitenciaria. “Los presos son pacientes de segunda que no tienen los mismos derechos que un paciente que esté en la calle. No se están dando los mismos tratamientos que en la calle. Y por lo tanto, el principio de equidad ha desaparecido” –decía uno de ellos. La evidencia era tan aplastante que hasta una “defensora del pueblo” tan fría en el ejercicio de sus funciones como la actual, para intentar salvar la cara, tuvo que reconocer en su informe anual que los nuevos medicamentos, “no estarían llegando a los presos”, que “hay un cierto número de internos” a los que les han sido prescritos estos fármacos por los especialistas, pero que “no lo estarían recibiendo” por razones de dinero, “pues la Administración penitenciaria considera que el importe económico ha de ser satisfecho por las comunidades autónomas, toda vez que se trata de fármacos de dispensación hospitalaria”. Interior se niega a pagar, las comunidades autónomas, lo mismo, y tendrán que decidir los tribunales. Y, como dice el informe de la defensoría, “entretanto, los internos enfermos no reciben el tratamiento prescrito y su estado de salud se deteriora”. Así que, por “motivos humanitarios”, pide a Instituciones Penitenciarias que “proceda al pago de tales fármacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones judiciales”. Ha tenido que reconocer también que Instituciones Penitenciarias “ha negado el fármaco a los reclusos coinfectados con hepatitis C y VIH, amparándose en que la ficha técnica de los medicamentos no lo contempla”, y ella misma recuerda que “la Agencia Española del Medicamento advierte de que en esas circunstancias es más necesario todavía”. Algunas sentencias judiciales han dictaminado también que en cuanto a “la dispensación y el pago, en ambos casos, el obligado es la Administración Penitenciaria, que debe dispensar esos medicamentos, dado que las competencias no han sido transferidas a las Comunidades Autónomas”.
Al menos aparentemente, ya que estamos en “año electoral” y ya sabemos a qué atenernos en cuanto a las promesas de los políticos, algo ha variado la situación desde entonces. A finales de marzo el ministerio de sanidad proponía a las comunidades autónomas un “plan estratégico contra la hepatitis C” que era aceptado por casi todas, para atender con los nuevos fármacos a 52.000 enfermos, de los 900.000 que según las organizaciones de afectados hay en el territorio del Estado español, en los próximos tres años. Se hablaba de un sistema de financiación a crédito todavía “por discutir” y de pactos con los laboratorios farmaceúticos de ir bajando el precio a medida que la demanda vaya siendo mayor. Un medio en internet anunciaba a primeros de abril que interior había decidido “seguir los pasos de sanidad” y había gastado un millón en los nuevos fármacos. La situación de Belén Vázquez pone a prueba la credibilidad de todas esos anuncios y de todas las “personalidades” e instituciones implicadas. Al principio, cuando se puso en circulación la noticia, hace un par de semanas, todo era indiferencia burocrática y “silencio administrativo”. Los responsables “terapeúticos” de La UTE de Villabona decían que el asunto no era de su competencia, la subdirección médica carcelera que “las reclamaciones, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria”, éste aún no se ha pronunciado. Belén fue trasladada otra vez por los servicios médicos carceleros al hospital de la calle, pero a la planta de psiquiatría, para ser medicada con neurolépticos, después de calificar de “brote psicótico” el estado de miedo y cólera en el que se encuentra, totalmente natural y lógico, dada su situación. Le enviaron sin la menor información sobre su estado general, de manera que el patólogo del mismo hospital que había hecho su diagnóstico hepático y prescrito la medicación que luego no quiso financiar la autonomía asturiana ni siquiera sabía que su paciente había vuelto a ingresar y los psiquiatras ignoraban el estado de su hígado hasta el punto de prescribirle medicaciones que pueden ser peligrosas para el mismo. Esa es la situación ahora, Belén está en la sección penitenciaria del hospital, custodiada por la policía, negándose a someter su ansiedad e indignación a una camisa de fuerza química, y aún no se sabe nada de su posible tratamiento hepático. Ante la modesta publicidad lograda en algún programa de radio y algún otro medio marginal en internet y, sobre todo, ante la insistencia de los familiares, se han obtenido algunas… promesas. Fuentes penitenciarias oficiosas dicen que se va a proponer a Belén para ser clasificada en tercer grado y puesta en libertad condicional por enfermedad terminal: una buena manera, también a nuestro juicio, de librarse del problema. El presidente de una federación de asociaciones de afectados dice que ha hablado con todo el mundo y que el medicamento ya está listo. Ya lo creeremos cuando lo veamos. Algún medio de comunicación se ha interesado por el tema. Una abogada se ha hecho cargo de iniciar las solicitudes legales correspondientes ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y demás instancias responsables, pero ya sabemos que “las cosas de palacio van despacio”. Mientras, hay que aumentar la presión, demostrar que hay cada vez más gente atenta a la situación de Belén, por si los responsables se avergüenzan de su negligencia a la hora de garantizar como deben el derecho a la vida y a la salud de una presa y les motiva algo pensar que el espectáculo de su inhumanidad, a la vista de todo el mundo, puede ir en contra de sus intereses.