viernes, 31 de julio de 2015

La Mano Negra



En algún momento de principios del siglo XX, en el barrio neoyorkino de Little Italy, un joven Vito Corleone, de origen Vito Andolini, acude a un teatro musical con su amigo, que será su socio y consigliere, Genco Abbandando. Genco quiere enseñarle a Vito a una actriz de la que se ha enamorado. Cuando ella sale al escenario y ambos la están admirando, un hombre se levanta algunas filas más adelante y Genco, cabreado, le insulta y le conmina a que se quite. Cuando el hombre se vuelve, Genco se da cuenta de que es don Fanucci, el mafioso del barrio, y le pide perdón humildemente. Vito le pregunta quién es ese tipo y Genco, por toda respuesta, contesta: la Mano Negra.
Ésta es la referencia a este concepto que está más mano del común de los mortales de hoy en día (al menos del común cinéfilo) sobre la Mano Negra. Pero es bastante más que una organización mafiosa. En España, de hecho, tuvo otro significado, aunque sin perder los elementos de secretismo y clandestinidad. Hoy quiero hablaros de esa Mano Negra y del sonadísimo proceso judicial de que fue objeto, proceso en el que se dictaron ocho condenas a muerte.
Estamos en el último cuarto del siglo XIX. En Andalucía. Un lugar con extensas zonas rurales a las que la mano policial y gubernamental llega malamente, a pesar de que hace ya algunos años que el entonces jefe de gobierno Ramón María Narváez ha impulsado la creación, precisamente, de la Guardia Civil para cambiar eso. En la zona de influencia de la villa gaditana de Arcos de la Frontera se han producido diversos hechos que han culminado con la muerte de algunas personas. Sin embargo, las autoridades se encuentran con la sorpresa de que, al interrogar a los parientes y deudos de las víctimas, estos niegan la existencia de agresiones o asesinatos, y refieren extrañas, a menudo incoherentes, historias de accidentes laborales y otras desgracias fatales. Las autoridades se empeñarán en investigar estos hechos, y acabarán por encontrar un caso; todo un caso.
Pero vayamos por partes. Hablemos un poco, antes, de anarquismo.
En el congreso obrero de La Haya, celebrado en 1872, el marxismo de Marx y Engels se separó definitivamente, y de momento para siempre, del anarquismo que, con sus diversos matices, fue desarrollado por autores como Proudhon, Bakunin o Kropotkin. Asimismo, el anarquismo pronto se distinguió entre lo que se denomina anarquismo individualista y anarquismo comunista. Ambas ideologías propugnan la eliminación de la propiedad privada, pero mientras una la acepta para los bienes de consumo, la otra va al copo y exige la total colectivización de todo y defiende ideas como el egalitarismo, es decir que en una unidad de producción, por ejemplo una empresa, todo el mundo gane exactamente lo mismo.
La primera revolución de izquierdas de la Historia de España es La Gloriosa de 1868, madre de una Constitución, la de 1869, que es quizá la más bella de todas las constituciones hechas en España. Esta revolución levantó ciertas ilusiones entre los grupos obreristas, pero lo cierto es que tras la reacción conservadora que se produjo en toda Europa tras la revuelta de la Comuna en París, la Internacional obrera fue ilegalizada en España. Aun así, los grupos anarquistas sobrevivieron de forma semiclandestina. El final del sueño republicano tras la entrada de Pavía en el Congreso y la saguntada provocó una persecución cerril por parte del nuevo régimen restaurador en la persona de los anarquistas, los cuales, como reacción lógica, se radicalizaron, abrazando el anarquismo comunista y la metodología de la acción directa, que fácil y rápidamente deriva en el simple y puro terrorismo. Será un anarquista italiano con nombre de entrenador del Jerez CF, Angiolillo, quien mate a Cánovas, el gran representante de ese régimen represor.
A partir de 1881, el régimen de la Restauración abre un poco la mano, y es el momento en el que se produce el enfrentamiento entre los dos grandes focos, y las dos grandes sensibilidades, del anarquismo español. Porque anarquistas los había en muchos lugares, pero sus principales viveros eran el campo andaluz (del sur de Andalucía sobre todo, ya que el norte, Jaén sobre todo, siempre ha sido de una orientación más marxista) y las industrias catalanas. En ambos casos hablamos de obreros y jornaleros que trabajaban por salarios de miseria, pero las miserias eran distintas, porque los catalanes, con un nivel de vida un poco mejor y con unos patronos algo más dialogantes que los terratenientes, tenían aspiraciones a ser legales y poder, por lo tanto, negociar, con dureza, pero negociar. El anarquismo andaluz, consciente de que la negociación es poco menos que imposible, es en aquellos tiempos, sin embargo, un anarquismo de enfrentamiento y acción directa; como lo acabará siendo también el catalán, pero más tarde.
Mientras el anarquismo catalán ambiciona la creación de una confederación del trabajo (cosa que hará en la segunda década del siglo XX), el anarquismo andaluz deriva hacia otro modelo: el modelo de sociedades secretas, pequeñas células de juramentados, dedicados al atentado personal, el secuestro de terratenientes y el incendio de cosechas como método de presión. La Mano Negra.
Allá por 1883, y como respuesta a estos atentados, las fuerzas económicas del sur andaluz, sobre todo las gaditanas y jerezanas, deciden actuar contra estos grupúsculos, y montan la investigación de esos presuntos crímenes, comandada por el sargento Oliver.
El salto cualitativo en las investigaciones lo dio un comandante de la Benemérita, llamado Pérez Monforte según mis noticias, el cual encuentra un día un cuadernillo de notas manuscrito. Este cuadernillo, cuyo contenido y origen son hoy aún discutidos, se tomó por parte de los investigadores como ejemplar de la sociedad secreta la Mano Negra, es decir como prueba fehaciente de la existencia de esta sociedad secreta o, diríamos hoy, célula terrorista de legales.
El inicio del documento es una prueba más de literatura anarquista, no exenta de interesante carga lírica: «Cuando existe en la tierra para el bienestar de los hombres ha sido creado por la actividad fecunda de los trabajadores; la absurda y criminal organización social hace que aquéllos produzcan mientras que los ricos se quedan el fruto de su esfuerzo; debe mantenerse un odio profundo hacia todos los partidos políticos; es ilegítima cualquier propiedad adquirida con el trabajo ajeno, aunque sólo sea por la renta y el interés; y sólo es realmente legítima la lograda por el trabajo personal y directo».
Según dichos estatutos, la Mano Negra trabajaba mediante un denominado Tribunal Popular, que era el que decidía las acciones a tomar. Revelar la existencia de la Mano Negra estaba prohibido y el castigo por hacerlo, en una dicotomía la verdad un poco radical, podía ser «suspensión temporal o muerte violenta». Los miembros de la sociedad secreta estaban obligados a seguir sus vidas y mantener sus oficios, percibirían una especie de sueldo pero nunca podrían comentar con nadie su cuantía e ingresaban en la organización, como en las bandas y en las mafias, mediante la realización de «un servicio», más que probable eufemismo de acción terrorista. El objetivo de la Mano Negra era, literalmente, «castigar los crímenes de los burgueses por todos los medios a su alcance, bien a través del fuego, el hierro, el veneno o mediante cualquiera otra manera». En otro punto, los estatutos recuerdan que «es deber de los miembros enseñar a sus hijos y en general a todos los trabajadores a tener odio a los ricos y a todo el que quiera dominarlos o pretenda vivir a costa del trabajo de los demás».
El descubrimiento de los Estatutos de la Mano Negra fue un hecho de gran importancia, porque puso en manos de los representantes políticos y sociales de la zona la prueba irrefutable de que el gobierno Sagasta tenía que usar la mano dura contra la mano negra. En muy pocas semanas, Sagasta cumplió con lo que se esperaba de él. Nombró un juez especial e incluso habilitó un edificio concreto, el convento de Santa Catalina en Cádiz, como cárcel para los detenidos. Se tomaron medidas legales y administrativas, entre ellas el reforzamiento de los efectivos de la Guardia Civil en la zona y el desplazamiento del general Polavieja a la provincia. En apenas unas semanas, centenares de jornaleros fueron detenidos y encarcelados, acusados de ser miembros de la Mano Negra. Llegaron a ser más de mil. La verdad es que bastaba la sospecha de un terrateniente para que alguien fuese trincado.
Para entonces, el asunto de la Mano Negra había alcanzado el estatus de asunto de interés nacional. Entre mayo de 1883 y septiembre de 1884 se celebraron la friolera de 74 juicios distintos, en los que fueron condenados más de 100 imputados, doce de los cuales lo fueron a muerte.
De toda esta miríada de asuntos destacan cuatro como los grandes juicios de la Mano Negra. Se trata de los asesinatos de Fernando Olivera, Antonio Vázquez, Bartolomé Gago y el matrimonio formado por Juan Núñez y María Labrador.
Olivera fue atacado por dos individuos, Cristóbal Durán y Jaime Domínguez, el 11 de agosto de 1882. Falleció dos días después de una peritonitis que se le presentó por las agresiones.
Por su parte, el matrimonio Núñez-Labrador fue bárbaramente asesinado el 3 de diciembre de 1882 en su granja de Trebujena. Por el asesinato fueron detenidos Juan Galán, Francisco Moyuelo y Andrés Morejón.
Al día siguiente, en el cortijo de la Parrilla, una partida formada por Cristóbal Fernández Torrejón, Gregorio Sánchez Novoa, Manuel Gago, José León Ortega, Gonzalo Benítez, Antonio Valero, Salvador Moreno Piñero, Rafael Giménez y Roque Vázquez asesinan a Bartolomé Gago, más conocido como «Blanco de Benaocaz», y entierran su cadáver.
El 4 de enero de 1883, es Antonio Vázquez quien muere en el ferrado de su propiedad en Grazalema, a puñaladas de Francisco Prieto, Diego Maestre, José Doblado y Antonio Roldán.
A estos crímenes, para los que hubo detenidos y posteriormente condenados, habría que añadir el crimen de Bornos, donde es asesinado el labrador Antonio Heredia y heridos de consideración su mujer Herminia Santaolalla y su hijo; el asesinato en su domicilio de Grazalema de Juan Calvente Ríos; el de Rufino Giménez Antolín en el Puerto de Santa María; la muerte a golpes de azadón de Román Benítez Gil en Ribera de Gondomar; y el asesinato de Miguel García Biedma en el cortijo de Bernala. Todos estos crímenes quedaron sin resolver, por no poder averiguarse sus autores.
Los asesinos de Olivera fueron condenados a cadena perpetua y a 17 años de reclusión, con lo que su condena fue algo más leve. Sin embargo, los tres asesinos del ventero Antonio Vázquez fueron condenados a muerte. Asimismo, en el juicio relativo al matrimonio asesinado Juan Galán, que fue considerado autor de las dos muertes, también fue condenado a la pena capital.
Pero el superproceso por excelencia, sin lugar a dudas, es el del Blanco de Benaocaz. Es en este juicio en el que se produce el récord, verdaderamente difícil de igualar, de ocho penas de muerte en un solo fallo.
En el juicio hubo 16 imputados y se escuchó el testimonio de 48 testigos. Estos testigos, sin embargo, no sirvieron para fijar la autoría del crimen. En realidad, ésta se estableció procesalmente porque los propios imputados quisieron. El anarquismo ibérico, en tanto que ideología rabiosamente individualista, ponía mucho el acento en la asunción de responsabilidades. Manuel Gago, uno de los imputados, confesó su participación casi fríamente. Confesó que había recibido la orden de matar al Blanco, que para colmo era su primo. Eso, sin embargo, no le supuso problema porque, declaró ante el juez, si le hubieran ordenado matar a su padre lo mismo lo habría hecho.
El motivo del crimen no fue que el asesinado fuese un explotador. Era un antiguo miembro de la organización que se había apartado de la misma. Francisco y Pedro Corbacho, Manuel y Bartolomé Gago, Cristóbal Fernández Torrejón, José León Ortega, Gregorio Sánchez Novoa y Juan Ruiz fueron condenados a la pena de muerte por asesinato con los agravantes de nocturnidad, premeditación, alevosía, despoblado y cuadrilla. Por su parte Roque Vázquez, Gonzalo Benítez, Salvador Moreno Piñero, Rafael Giménez Becerra, Agustín Martínez, Antonio Valero y Cayetano Cruz fueron condenados a 17 años y 4 meses de reclusión. José Fernández Barrios fue condenado sólo por responsabilidad civil, sin cárcel.
Tras la apelación al Supremo, fallida, las ejecuciones se verificaron el 14 de junio de 1884, con el mismo garrote vil que había segado la nuca del cura Merino. Participaron tres verdugos, los de Madrid, Burgos y Albacete, percibiendo su soldada más una onza de oro por ejecutado. Sólo hubo siete ejecuciones porque José León Ortega fue eximido de la pena por haberse vuelto loco en la cárcel.
La Mano Negra murió con el último de aquellos ajusticiados. Muchos de sus miembros fueron desterrados a las colonias, aunque algunos volverían con cuentagotas años después, cuando sus procesos se revisaron. Pero lo que no murió fue el anarquismo rural andaluz. A principios de la última década del siglo, el bakuninista madrileño Félix Grávalo se desplazó a Cádiz para captar adeptos y, bajo su organización, se volvieron a levantar células ácratas. Suya fue la inspiración para la acción del 8 de enero de 1892, cuando varios cientos de jornaleros intentaron tomar el pueblo gaditano de La Caulina para crear en él un cantón anarquista. En los gravísimos incidentes que siguieron fueron asesinadas dos personas, el viajante José Soto y el escribiente Antonio Palomino, al parecer porque los alzados encontraron que tenían las manos demasiado suaves para ser trabajadores. Por estos actos fueron enviados al garrote José Fernández Lamela, Manuel Silva Leal, Antonio Zarzuela Pérez y Manuel Fernández Reina; y a cadena perpetua Félix Grávalo, Manuel Calvo Caro, Antonio González Macías y José Romero Lamas.
A partir de ahí el anarquismo deriva hacia el anarcosindicalismo, y comienza a utilizar la huelga como elemento de presión. Pero la violencia sigue ahí, como bien demuestran, ya en la República, los hechos de Casas Viejas.

martes, 28 de julio de 2015

Manifiesto para una lucha contra las torturas y malos tratos en las cárceles del estado español



Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento “normal”.
Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas. Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la ineficacia de los mecanismos institucionales de prevención contra la tortura y la necesidad de otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su indefensión frente a la tortura.
Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator especial”, el Comité contra la tortura, o el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras organizaciones más o menos gubernamentales han denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas situaciones institucionales que la favorecen, como el régimen de incomunicación de detenidos o de aislamiento de presos.
A pesar de la adhesión formal del Estado español a todos las convenciones, protocolos y pactos internacionales de prevención de la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en varias ocasiones.
También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente, a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de opinión”.
Por otra parte, los mecanismos recientemente creados en cumplimiento de los acuerdos internacionales de prevención de la tortura suscritos por el Estado español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo Nacional de Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer informe en ejercicio de sus nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal español del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, acostumbrado, en el ejercicio de sus funciones en ese tribunal de excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos. Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”, mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los torturadores en lugar de impedirla.
Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura desde la “sociedad civil”. Desde hace años, aparte de las actividades propias de cada grupo, además de elaborar y difundir de forma sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema, vienen formando una base de datos sobre la tortura cuyos contenidos van dando a conocer por medio de informes anuales. Esos informes indican una cantidad importante de casos denunciados (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de que la tortura está generalizada en todo el territorio del estado español, en todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido objeto de numerosas denuncias todas las policías, carceleros y agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y especialmente de la cárcel.
Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar la limitación de la implantación territorial y acceso a la información de los colaboradores de la coordinadora y de una serie de mecanismos o filtros que llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por “atentado”, “resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios”, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente se producen.
Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o el de aislamiento de los presos.
Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; el desarraigo social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono higiénico-sanitario; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder terapéutico de la institución penitenciaria; el calvario “voluntariamente asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora, reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y degradante.
La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una maquinaria social cuyo fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen equiparables a la tortura. Por lo demás, un sistema social que recurre desde siempre a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de los que por definición son enemigos.
Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social, con la idiotrización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión, el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho si no se le ha obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de “protección”, en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías, en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar la atención tanto sobre los unos como sobre la otra, lo mismo que sobre la situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y todo se andará.
Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué, conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la comunicación directa y de acuerdos explícitos.
Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!
Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento “normal”.
Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas. Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la ineficacia de los mecanismos institucionales de prevención contra la tortura y la necesidad de otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su indefensión frente a la tortura.
Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator especial”, el Comité contra la tortura, o el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras organizaciones más o menos gubernamentales han denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas situaciones institucionales que la favorecen, como el régimen de incomunicación de detenidos o de aislamiento de presos.
A pesar de la adhesión formal del Estado español a todos las convenciones, protocolos y pactos internacionales de prevención de la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en varias ocasiones.
También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente, a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de opinión”.
Por otra parte, los mecanismos recientemente creados en cumplimiento de los acuerdos internacionales de prevención de la tortura suscritos por el Estado español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo Nacional de Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer informe en ejercicio de sus nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal español del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, acostumbrado, en el ejercicio de sus funciones en ese tribunal de excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos. Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”, mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los torturadores en lugar de impedirla.
Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura desde la “sociedad civil”. Desde hace años, aparte de las actividades propias de cada grupo, además de elaborar y difundir de forma sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema, vienen formando una base de datos sobre la tortura cuyos contenidos van dando a conocer por medio de informes anuales. Esos informes indican una cantidad importante de casos denunciados (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de que la tortura está generalizada en todo el territorio del estado español, en todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido objeto de numerosas denuncias todas las policías, carceleros y agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y especialmente de la cárcel.
Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar la limitación de la implantación territorial y acceso a la información de los colaboradores de la coordinadora y de una serie de mecanismos o filtros que llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por “atentado”, “resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios”, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente se producen.
Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o el de aislamiento de los presos.
Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; el desarraigo social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono higiénico-sanitario; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder terapéutico de la institución penitenciaria; el calvario “voluntariamente asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora, reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y degradante.
La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una maquinaria social cuyo fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen equiparables a la tortura. Por lo demás, un sistema social que recurre desde siempre a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de los que por definición son enemigos.
Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social, con la idiotrización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión, el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho si no se le ha obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de “protección”, en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías, en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar la atención tanto sobre los unos como sobre la otra, lo mismo que sobre la situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y todo se andará.
Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué, conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la comunicación directa y de acuerdos explícitos.
Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!
www.carceligualtortura.org
contacto@carceligualtortura.org

jueves, 23 de julio de 2015

Para una Historia del Anarquismo en Venezuela



Pese a ser reconocida Venezuela como tierra de libertadores, las ideas anarquistas no tuvieron en nuestro suelo asiento y desarrollo, y ello ha sido por una razón socio-económica. Venezuela era un país agrícola-pecuario poco desarrollado dentro de nuestro medio productivo. Una fuerte implantación de zonas palúdicas que obligaban al campesinado a vivir muchos meses del año dentro de un chinchorro curando su fiebre, La carencia de industrias, hacía que los pueblos emigrantes de Europa buscasen los caminos de Argentina, Brasil, México y hasta de Cuba; sólo algunos pequeños grupos de isleños canarios llegaron a estas costas, como ya hacían desde la época colonial.

Y pese a ello, en época tan temprana como 1811, cuando la Sociedad Patriótica discutía la forma a dar a la república, en sesión presidida por Francisco De Miranda y con asistencia de Bolívar, en momentos que Antonio Muñoz Tébar pronunciaba un discurso abogando por la forma conservadora y centralista, Coto Paúl le usurpa la palabra y dirá:

“¡La Anarquía! Esa es la libertad, cuando para huir de la tiranía desata el cinto y desnuda la cabellera ondosa. ­La Anarquía! Cuando los dioses de los débiles, la desconfianza y el pavor la maldicen, yo caigo de rodillas a su presencia. Señores: que la anarquía, con la antorcha de las furias en la mano, nos guíe al Congreso para que su humo embriague a los facciosos del orden, y le sigan por calles y plazas, gritando ­Libertad!”.

Cuando Coto Paúl se expresa con toda la ampulosidad propia de la época, Proudhon, llamado el padre de la anarquía, tenía sólo un año, y Bakunin nacería cuatro años mas tarde. Es de suponer que Coto Paúl había leído el libro del precursor libertario inglés William Godwin, “Investigación acerca de la Justicia Política”, para expresar tan clara identificación con el sentido que ha tomado con posterioridad la palabra anarquía.

Pasaran años hasta que otro aldabonazo suene. Para 1884, en Valencia se funda una Sociedad Cooperativa que reconoce sus simpatías hacia Owen, Fourier, Cabet y Proudhon. Esta cooperativa publicó un folleto acerca de la emancipación de los trabajadores, que ya había sido publicado en las Islas Canarias.

De forma similar debieron llegar acuerdos tomados por la Internacional Socialista, ya que algunas organizaciones obreras toman medidas en 1892 para luchar por la jornada de las 8 horas. En el periódico EL FONOGRAFO de Maracaibo, hay un artículo de una pluma anarquista, que dice: “Los socialistas, partidarios de las diputaciones, o parlamentos y ayuntamientos, sostienen que el único modo de alcanzar la jornada de ocho horas era el legal; esto es, arrancárselo a los poderes públicos. Nosotros, que sabemos perfectamente que la misión del Estado no es otra que la de guardar y hacer guardar los intereses de la clase que representa, combatimos la antinomia y obramos resueltamente por la vía revolucionaria.”

Alguien muy respetado por su rigor como cronista del movimiento obrero venezolano, Bernardo Pérez Salinas, nos dice: "Huyendo de la represión desatada, llegaron a la zona del Mar caribe grupos de anarcosindicalistas y socialistas españoles que trataban de establecerse en estos países". Al respecto, Rodolfo Quintero agrega: "En más de una ocasión me reuní con algunos de estos anarcosindicalistas. Los gremios de panaderos, tranviarios, telefónicos y otros organismos denominados de 'mutuos auxilios', fueron seriamente infiltrados por las ideas de Proudhon y Bakunin". Es de suponer que si aquellos gremios fueron “infiltrados” por los anarcosindicalistas, fue porque los razonamientos y la argumentación ofrecida por ellos era la interpretación exacta y objetiva de la realidad sociológica venezolana.

Más adelante y en el mismo texto, Quintero apunta: “La primera gente extranjera que llegó eran anarcosindicalistas, le metían a uno a Bakunin mas que a Marx por los ojos, porque eran italianos y españoles, que eran los dos sitios de Europa donde el anarcosindicalismo llegó a tener más fuerzas. Eran individuos peleadores, que no querían conciliación de clases. Los anarquistas decían inclusive que los marxistas eran gente de conciliación [la historia lo ha demostrado, añado yo]; luchaban contra el Estado. Dejaron una siembra que yo diría positiva en un noventa por ciento, porque formó los primeros cuadros sindicales aquí.”

Posteriormente a la Guerra Civil Española, son muchos los anarquistas ibéricos que han vivido en Venezuela, pero todos tenían la vista puesta en la península, nunca pensaron en hacer una organización para propagar sus ideas en tierra venezolana. A principios de los años 80 se logró conformar un pequeño núcleo con compañeros provenientes de diversos países y algunos criollos, que logró poner a circular un periódico, EL LIBERTARIO, que sobrevivió por cinco números.


A partir de allí han habido diversos esfuerzos editoriales y de organización, pero se ha hecho muy difícil insertarse en los gremios obreros, pues ninguno de los que hoy habla como anarquista es obrero; ahí está quizás la razón de que el movimiento anarquista local apenas se exprese hoy en iniciativas limitadas, como la que llevan el pequeño grupo de jóvenes con algún viejo que publican este nuevo EL LIBERTARIO, que de tarde en tarde pero con insistencia se pone a la venta. Nos guía el interés de dar a conocer las ideas, con las armas de lucha del verbo y la pluma, aún sabiendo que la sociedad actual -con todo y los desequilibrios que carga- no está propensa a abrirse a las ideas de transformación radical. La caída de aquellos regímenes llamados de “socialismo real”, que de socialismo verdadero poco tenían, ha roto en mucha gente las ilusiones que pudieran surgir de ir a la búsqueda de un mundo mejor. Pero a más o menos tardar, todas las contradicciones del sistema social que nos proponen desde el neoliberalismo le llevarán a la quiebra, y entonces la gente comprenderá e reiniciará esa búsqueda, allí estaremos.



lunes, 20 de julio de 2015

20 julio: 14 años de la muerte de Carlo Giuliani

CARLO GIULIANI SIEMPRE PRESENTE
El olvido es el peor de los castigos
NI OLVIDAMOS NI PERDONAMOS!!!
Genova 20/7/2001
https://www.youtube.com/watch?v=Xeudeb0Vzeo




Muerte de Carlo Giuliani 

Carlo Giuliani (14 de marzo de 1978 - 20 de julio de 2001) fue un activista italiano simpatizante del movimiento antiglobalización. El 20 de julio de 2001 murió tras recibir un disparo efectuado por un carabinero y ser atropellado por el vehículo en retirada en la Via Caffa de Génova durante la Contracumbre del G8 en Génova. Las circunstancias de su muerte y la investigación subsiguiente generaron una gran polémica internacional, y actualmente siguen siendo discutidas.

Los hechos del 20 de julio 

Residente en el barrio de Righi, su familia era oriunda de Sestri Ponente. Carlo vivía con su padre Giuliano Giuliani, conocido sindicalista de la Confederación General Italiana de Trabajadores y su madre Haidi, que posteriormente fue senadora de Refundación Comunista. La muerte de Carlo Giuliani está vinculada a los disturbios ocurridos en Génova el 20 de julio de 2001 en la Via Tolemaide en el distrito de Foce cerca de la Estación de Brignole, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre los manifestantes anti-G8 y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad italianos, concretamente policía estatal y policía militar, los conocidos carabinieri. La participación en dichos eventos de Giuliani, según sus amigos y la familia, se vio alentada por los informes sobre los disturbios que circulaban en esas horas. Según estos testimonios, estas noticias le convencieron de renunciar al viaje a la playa que pensaba hacer por la mañana para ir a la manifestación del movimiento antiglobal Tute Bianche, Túnicas Blancas, de inspiración neozapatista.

Durante un enfrentamiento violento entre los manifestantes y las fuerzas del orden en Piazza Alimonda, el conductor y dos soldados que iban en un Land Rover Defender quedaron bloqueados junto a un contenedor durante la retirada de los cerca de 70 militares que estaban en la plaza. Según el testimonio de Dylan Martínez, reportero gráfico de Reuters que fotografió la escena, algunos manifestantes, «en su mayoría con cascos o máscaras», «apedrearon el vehículo, luego saltaron sobre su techo y comenzaron a romper sus cristales con barras de metal y pedazos de madera». Según la declaración del joven carabiniero que disparó «los cristales del vehículo, los laterales y posteriores (el coche sólo tiene protegidos por una tela metálica los cristales de delante) habían saltado en pedazos debido a las pedradas. Comencé a gritar al conductor que escapase y le chillé que nos estaban matando. De hecho, estábamos rodeados de manifestantes, que para mí eran centenares.» En mitad de la refriega, Carlo Giuliani, «tomó un extintor de fuego que estaba en el suelo, lo levantó sobre su cabeza con ambas manos y rompió la ventanilla trasera del vehículo»

Las fotografías del reportero muestran a Giuliani «vestido con pantalones vaqueros, una camiseta sin mangas y un pasamontañas negro», sosteniendo en alto el extintor mientras la mano del soldado asoma por la ventanilla rota. En ese instante, «del interior del jeep salieron dos disparos y el manifestante cayó al suelo». En medio de la confusión, el conductor maniobró para salir del atasco, pasando una vez marcha atrás y otra vez hacia delante por encima del cuerpo de Giuliani.

La batalla continuó en torno al cuerpo de Giuliani hasta que los servicios médicos del Foro Social de Génova acudieron a auxiliarle. Una enfermera alemana intentó un masaje cardíaco, pedía oxígeno pero no se encuentra, llamaba un médico, pero en la ambulancia cercana no estaba. Finalmente Carlo Giuliani falleció, y la policía formó un cordón en torno a su cuerpo. Los manifestantes increpaban a la policía: "¡Asesinos! ¡Reíd, asesinos!". Poco tiempo después, una furgoneta del ayuntamiento de Génova llegó a la plaza a recoger el cuerpo. 





Primeras reacciones internacionales 

Poco después de ser informado de la muerte de Carlo Giuliani, el entonces presidente de Francia Jacques Chirac declaraba a la prensa que "cientos de miles de personas no se molestan a menos que haya un problema en sus corazones y espíritus". En Estados Unidos, la Casa Blanca emitió una concisa declaración comunicando que el presidente George W. Bush había sido informado de la situación, y lo citaba diciendo que la muerte es trágica,y que la violencia fue "altamente lamentable". Después de tener conocimiento de la muerte del manifestante, hicieron aparición un ceniciento Silvio Berlusconi, junto al presidente de la república Carlo Azeglio Ciampi, quien habló en nombre de los dos acerca de su dolor por la muerte de Giuliani.

En contraste con las primeras declaraciones del por entonces primer ministro británico Tony Blair, que rechazaba condenar a las autoridades italianas por el modo de manejar la situación en Génova, el ministro inglés para asuntos europeos, Peter Hain, declaró a Sky News que eran indefendibles las acciones de la policía, disparando y matando a alguien. Berlusconi afirmaba que "tenemos que distinguir entre los profesionales de la guerrilla y los manifestantes pacíficos", que expresan su rechazo a un sistema económico-político determinado, al tiempo que Vittorio Agnoletto, portavoz del Foro Social de Génova, denunciaba la represión usada contra los pacifistas, mientras unos miles de anarquistas mantenían en vilo la ciudad durante tres días.

El Papa Juan Pablo II, que frecuentemente se había dirigido a los líderes del G8 para que hicieran más por la pobreza en el mundo, deploraba la violencia en Génova, diciendo que sentía "tristeza y dolor" por la "hostilidad" que había explotado en la ciudad.

Seis días después de la muerte de Carlo Giuliani, la BBC destacaba la dureza habitual de los carabinieri en sus intervenciones, y que muchos de los presentes en el incidente (entre ellos el propio Placanica) eran jóvenes realizando su servicio militar, sin experiencia en este tipo de situaciones. También informaba que en la prensa italiana se hablaba de que "se había dado permiso desde "las alturas" a la policía para un ataque de represalia contra los manifestantes" y que primeros informes apuntaban que se habría azuzado a los soldados con cuentos de ataques terroristas y posibles ataques con sangre contaminada con SIDA, entre otras historias.

Investigación judicial 


Todos los cargos en contra del carabiniero que disparó, Mario Placanica, fueron retirados cuando la juez que presidía el caso, Elena Daloiso, llegó a la conclusión de que la bala que golpeó a Giuliani no iba directamente encaminada a él y había "rebotado en yeso". La juez dictaminó que Placanica había actuado en legítima defensa, y el caso no llegó a juicio. La resolución de la juez Elena Daloiso, que ya había sido objeto de fuertes críticas, fue muy discutida por la prensa, así como el no haber procesado al conductor del Land Rover por haber atropellado a Giuliani sobre la base de que el mismo ya estaba muerto. Los médicos que atendieron a Giuliani después de que fuera atropellado declararon que su corazón seguía latiendo, lo cual fue confirmado más tarde por el profesor Marco Salvi durante el juicio que se celebró en Génova contra algunos de los manifestantes, presuntamente involucrados en los enfrentamientos el mismo día que Giuliani fue asesinado. El profesor Marco Salvi, médico forense, había actuado previamente como consultor para Silvio Franz, el fiscal que llevó el caso contra Mario Placanica, y declaró en el posterior juicio de Génova que Giuliani había sido víctima de un "impacto directo", contradiciendo así el "cambio de rumbo de la bala" en que se basó la decisión de no juzgar a Placanica.

Placanica cambió su versión de los hechos en cuatro ocasiones, y a finales de 2003 declaró al diario de Bolonia Il Resto del Carlino: "he sido utilizado para encubrir la responsabilidad de otros". Denunciaba que la escena de la muerte "fue contaminada para ocultar pruebas relevantes", destacaba que la bala encontrada en el cuerpo de Giuliani no se corresponde con la munición utilizada por los carabinieri, y declaraba que el disparo mortal había llegado desde algún lugar del exterior, de las fuerzas del orden en la plaza.

Después de hacer esta declaración, Placanica sufrió un accidente de coche que sus abogados calificaron de "sospechoso". Estando de baja por enfermedad -una depresión aparentemente ocasionada por los sucesos en cuestión- y después de haber visitado a su abogado para denunciar que sospechaba que alguien estaba manipulando su auto, su auto perdió el control, se salió del camino y chocó. Platanica sufrió heridas graves que podrían haberle ocasionado una parálisis permanente. El padre de Carlo Giuliani declaró que no descartaba la posibilidad de que el accidente hubiera sido provocado, y que "tanto él como su mujer hacía tiempo que temían por la vida del joven policía", puesto que "sus declaraciones contradictorias indicaban que el 20 de julio pasó algo distinto a lo que nos han hecho creer". Placanica fue mantenido en aislamiento tras el incidente, y no se permitió a sus padres visitarlo en el hospital.

En abril de 2005, Placanica fue licenciado de los carabinieri, por "no ser apto para el servicio" debido a una enfermedad derivada del servicio. El abogado de Placanica comentó que eran "motivos psíquicos".

http://www.taringa.net/posts/info/2495703/Carlo-Giuliani-Solamente-por-pensar--Su-muerte.html


La sangre de un anarquista, es semilla de libertad.